El búho.


¿POR QUE NO UN CODIGO ETICO PARA POLITICOS?

José Rubio Carracedo*


A comienzos de año, daba cuenta un comentarista de la demanda de un "Consejo de Control de los Partidos", presentada en un libro reciente coordinado por Przeworski, Stokes y Manin, como un remedio eficaz para combatir el creciente descontrol de los partidos políticos, incluso en los países anglosajones. Como recordarán los lectores, se trataría de una institución independiente de los partidos políticos, formada por expertos de reconocido prestigio profesional y personal, que emitirían de modo periódico informes regulares relativos al funcionamiento de los partidos políticos y, en especial, sobre el grado de coherencia de cada uno en el mantenimiento de las promesas electorales en el ejercicio del poder o de la oposición. El valor de tales informes sería a la vez científico y político, en cuanto fuente fiable de información para la opinión pública, con las presumibles consecuencias electorales por parte de los ciudadanos. Obviamente, la nueva institución no vendría a suplantar a ninguna de las ya existentes, sino a llenar un vacío y cumplir una función que hasta ahora realizan los propios partidos mediante acusaciones mutuas, pero carentes de credibilidad a causa precisamente de su partidismo, esto es, de la retórica falsa y profundamente desleal que todos ellos practican en mayor o menor medida.

No tengo dudas sobre la utilidad de tal Consejo de Control de los Partidos políticos. Pero me parece netamente insuficiente para detener el avanzado proceso de deterioro que sufren los partidos en todas las democracias conocidas, con los dramáticos niveles que han alcanzado de incumplimiento del deber de representación, asi como de su corrupción en el manejo de la financiación interna y de los fondos estatales. Por lo demás, la imagen pública de los partidos es deplorable: es la profesión teóricamente más denostada en las encuestas hasta el punto de haber provocado en la ciudadanía una creciente desafección por la democracia. Y en los periodos electorales tanto el discurso como los comportamientos de los políticos en campaña resultan con frecuencia repelentes. Pero ¿a quién pretenden engañar? ¿Puede darse mayor desperdicio en recursos humanos y económicos? Puede decirse que en el mejor de los casos sólo consiguen aumentar la indecisión de los indecisos. La ciudadanía vota a pesar de los políticos, no por los políticos.

En efecto, lo que la situación actual de los partidos políticos demanda con urgencia es un código ético de conducta similar al que está vigente, con aceptables resultados, pese a todo, en el ámbito de la publicidad o del periodismo. ¿Por qué va a ser la política, incluso la democrática, el único campo en que se legitima el "todo vale" con tal de conseguir el éxito? El mal llamado realismo político -que, en realidad, es naturalismo prepolítico- ha venido exigiendo tan dudoso privilegio, que encontró en Schumpeter a uno de sus más estimados portavoces al asimilar el método democrático con el método económico, aunque otorgándole al primero una permisividad casi total, con exclusión de la violencia, pretendidamente a causa de su naturaleza especial.

Precisamente, ahí radica el error. Es muy frecuente considerar los códigos éticos, sobre todo los profesionales, como una serie de cortapisas externas a la propia profesión, que vienen a limitar su libertad de movimiento y de acción. Y, sin embargo, los códigos éticos se limitan a señalar la lógica de la acción profesional a medio y largo plazo, permitiendo iluminar decisivamente las confusiones y desvaríos que provoca el presente y el corto plazo, en los que el "todo vale" parece el enfoque más eficiente. Justamente, el código ético de la publicidad comercial ilustra elocuentemente cómo sus pautas -aceptadas por el colectivo como "autocontrol"- no sólo señalan la lógica de la acción publicitaria, sino que significan la salvaguarda de la profesión: ¿para qué serviría una publicidad sin autocontrol? ¿Quién le daría el menor crédito? El "todo vale", que podría parecer exitoso por un momento, conduciría directamente a su desaparición.

Pues bien, mi tesis es que la política democrática sufre un gravísimo deterioro justamente, ante todo, porque carece de un código ético de conducta democrática. Ello ha sido posible porque se ha venido confundiendo política con política democrática. La primera traza las reglas de la adquisición y mantenimiento del poder como realidad natural, ajena a todo contrato social; pero la segunda traza las reglas del poder pactado y consensuado, esto es, del poder democrático, el único legítimo entre nosotros. Las constituciones democráticas marcan las reglas del juego y todo lo que se haga al margen de tales reglas es juego sucio, desleal, e ilegal (aunque el nuevo Código Penal de la Democracia tampoco lo recoja).

No es éste el lugar para formular el código ético del político demócrata, pero bastará una aproximación desde el código de la publicidad comercial. ¿Qué les parecerían a nuestros políticos demócratas en campaña electoral los criterios de veracidad (información no engañosa), de autolimitación al propio producto, de la buena fe, de no explotación del miedo, de no incitación al error al referirse a la competencia, de respeto al buen gusto, de evitar la propaganda discriminatoria, del derecho al honor de los adversarios (que no enemigos), de garantía de demostrabilidad de lo afirmado, de evitación del plagio y/o de la distorsión de la competencia, de evitación de las comparaciones inexactas o malévolas..., todo ello sometido a un jurado (o un arbitraje) institucional y con capacidad sancionadora real?.

Ahora bien, ¿cómo sería posible formular y hacer vigente tal código? Esto es ya una cuestión técnica. Podría recogerse en la propia ley de partidos políticos y en la ley electoral (cuya reforma urge por tantos motivos). Pero sería preferible una ley específica, obviamente aprobada por las cámaras, en la que se fijaría el código democrático y la institución encargada de implementarlo. Incluso podría pensarse en que los propios partidos se encargasen del código en términos de autocontrol consensuado, puesto que nadie debería estar más interesado que ellos mismos en su credibilidad. Pero me temo que eso sería pedirle peras al olmo.

Pese a todo, aunque tal código de conducta democrática llegue a ser una realidad, aún faltaría otra condición indispensable y, en cierto sentido, previa: una mayor sensibilidad y cultura democrática en los ciudadanos. De poco servirían unos dictámenes institucionales sobre las violaciones del código democrático si la ciudadanía es incapaz de apreciarlos y valorarlos. El artículo 48 de la Constitución española ordena que "los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político/.../" (que ya el artículo 9.2. señala de modo genérico para todos). Pues bien, ¿qué han hecho los poderes públicos para mejorar la calidad democrática ciudadana, fuera del inoperante Consejo de la Juventud? La puesta en marcha de tal Código de Conducta Democrática podría ser un buen comienzo, como lo ha sido en términos generales la vigencia del Código de Conducta Publicitaria para los consumidores, ya que con ello se pondría en marcha un mecanismo de realimentación democrática incesante. En este sentido, tal código democrático podría desempeñar además un papel primordial para educar ciudadanos exigentes y responsables. También la clase política terminaría por sensibilizarse paulatinamente o sería forzada al retiro. Por ahora parece una utopía lejana, pero no por ello resulta menos irrenunciable.

* José Rubio Carracedo es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Málaga.
Málaga, 8.2.2000


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